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DEL PATRIMONIO

Ahora que a todas horas se está hablando de la crisis económica, ya nadie comenta nada de la bajada de impuestos, como es el caso de la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio (ni en prensa, ni en tertulias de radio y/o televisión etc.) No es asunto que ocupe ni preocupe a nuestros medios informativos, ni al Gobierno de la Nación, ni tampoco a la oposición del Partido Popular. A mi me gustaría –ahora que estamos en crisis- qué alguien explicara esa bajada de impuestos tan descarada. Qué alguien explicara cuánto ha dejado de recaudar el Estado y a quién ha dejado de cobrarle esos impuestos.

Pues bien, como los datos son datos y no son discutibles, lo que este Gobierno dejará de recaudar con la supresión de este impuesto es alrededor de mil ochocientos millones de euros, casi nada, (trescientos mil millones de pesetas) que estaban cedidos, íntegramente, a las Comunidades Autónomas. El impuesto a que me refiero, estaban obligados a pagarlo las personas que tenían una base imponible (todos los ingresos menos todas las reducciones y deducciones) superior a 108.000 euros anuales, (casi 18 millones de las antiguas pesetas), ó un patrimonio superior a 600.000 euros (100 millones de pesetas), estando exento de este impuesto, todo patrimonio que formara parte de cualquier explotación empresarial (naves industriales, oficinas, elementos de transporte, etc.) cosa muy acertada, para no grabar la actividad económica. También estaba exenta la vivienda habitual, cuyo valor (catastral y no de mercado) no superara los 150.000 euros (25 millones de pesetas)

Este impuesto lo venían pagando aproximadamente el 5% de los contribuyentes (los más ricos). Queda claro, entonces, que era un impuesto que pagaban las rentas altas y muy altas, los patrimonios de mucho valor y las grandes fortunas; y como era un impuesto progresivo el tipo se adecuaba con arreglo a la base imponible y subía según ésta. Por tanto era un impuesto que no afectaba a la inmensa mayoría de trabajador@s y pensionistas, no afectaba a los “mileuristas” ni muchísimo menos afectaba a las personas más necesitadas de este país.

En el mismo momento que el Partido Socialista Obrero Español anunció esta medida económica, el señor Rajoy se apuntó de inmediato, se puso la mar de contento y señaló que él lo había dicho primero. Nuestra Consejera de Economía, la señora Reverte, dijo que esa medida tenía previsto adoptarla el Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma, dejando entrever que el Gobierno de la Nación copiaba de sus propuestas. Desde luego al Partido Popular le encanta apoyar a Gobierno del P.S.O.E. en este tipo de medidas, cosa normal por otra parte, ya que ésta es una medida de política regresiva, en el plano fiscal, y por tanto de derechas y el Partido Popular no tiene más remedio que aplaudirla

Estamos ante una actuación antisocial en política fiscal, (por tanto de derechas) porque los impuestos deben pagarlos las personas físicas y/o jurídicas con arreglo a su nivel de renta y también con arreglo al valor de su patrimonio o fortuna. Y además, los impuestos, deber ser progresivos, es decir que pague más el que obtenga mayor renta del cualquier tipo, y que pague menos quien tengan menos ingresos, llegando a no pagar nada desde un mínimo de renta hacia abajo. Pues bien con esta medida se hace totalmente lo contrario: se eliminan de un plumazo los impuestos de las rentas y fortunas altas, muy elevadas y escandalosas. Lo mas lógico hubiera sido empezar a reducir tipos a las bases imponibles mas bajas, y en todo caso haber subido esa base imponible mínima, para beneficiar realmente a las clases medias.

Además, este impuesto era eficaz en la lucha contra el fraude fiscal, ya que controlaba las propiedades, y éstas había que declararlas. A partir de ahora una persona puede tener 20 inmuebles, repartidos por la geografía española, por un valor de mercado de 4 millones de euros (casi 700 millones de pesetas) y al no estar obligado a presentar declaración de su patrimonio, si estos inmuebles los tiene alquilados “bajo cuerda” o en economía sumergida, se puede dar el caso que no presente ni declaración de la renta. Por tanto si tuviera obligación de presentar la declaración del patrimonio, podría descubrirse, a partir de ésta, el fraude fiscal, si lo hubiere. El argumento esgrimido por el Gobierno Socialista de que las grandes fortunas se amparan detrás de sociedades patrimoniales para evitar y “esconder” el pago de este impuesto: es una enorme incongruencia, porque no solamente se reconoce que existe el fraude fiscal, sino que se elude y se renuncia a luchar contra él.

Ahora que estoy escribiendo, salta a todos los medios de comunicación que el Estado arroja déficit fiscal, después de cuatro años de superávit. Es lógico, si se bajan impuestos y por lo tanto se recauda menos, es normal que las cuentas públicas arrojen saldo negativo. Impuestos que los pagaban los contribuyentes con mas poder económico, el decir, los que no tienen problemas para poder pagarlos.

Hablando de patrimonio, la vivienda habitual de todos y cada un@ de nosotr@s: la vivienda de l@s pensionistas, la vivienda de l@s parad@s, la vivienda de l@s “mileuristas”, la vivienda de l@s jóvenes; esa vivienda que es el único patrimonio que tenemos l@s trabajador@s, y que además, la gran mayoría, lo tiene hipotecado hasta las cejas (mejor dicho hasta las tejas). A esa vivienda habitual sí se le ha subido (y mucho) el Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, el famoso I.B.I., por poner un ejemplo muy concreto, en el municipio de Caravaca ha subido un 70 por ciento en los últimos 6 años. Que curiosidad, por una parte reducimos ingresos a las Comunidades Autónomas, que a su vez financian bastante presupuesto municipal, -vía transferencias- y al mismo tiempo “compensamos” con la subida del I.B.I., que también es gran parte del sustento presupuestario de los Ayuntamientos. Claro está: la diferencia es de donde proceden esos ingresos a través de impuestos.

Concretando: se elimina un impuesto que se aplicaba a los patrimonios elevados y de gran valor, y por otra parte se aumenta, enormemente, un impuesto que grava el pequeño patrimonio: la vivienda habitual. Estas dos medidas políticas son de derechas, antisociales, inmorales, regresivas y algún otro calificativo que no me atrevo a escribir. Y para nada se adoptaron pensando en las personas con más necesidades y con menos ingresos, sino todo lo contrario. Ni estas medidas, ni otras, que comentaré en otra ocasión.

Juan Berbell Marín, Coordinador Local de Izquierda Unida-Caravaca.

http://juan-berbell-izquierda-unida-caravaca.nireblog.com.

NUESTRA ESCUELA.

Los que no estamos a favor de muchas cosas de las que dice la L.O.E. (Ley Orgánica de Educación, publicada en el B.O.E. de 4 de mayo de 2006), aprobada por el Gobierno del Partido Socialista; sobre todo por mezclar la escuela pública con la escuela privada, por no separar, nítida y claramente y de una vez por todas , la enseñanza pública, de la enseñanza de religión, que nada tienen que ver, ya que la educación es universal, gratuita y obligatoria y la religión es cuestión de fe y algo muy íntimo y personal, que cada cual tiene la suya y hay mucha gente no tiene ninguna. La educación debe ser igual para todos, con las mismas materias y contenidos, y religiones hay muchísimas y considero que la escuela no puede ni debe impartir ninguna, entre otras cosas, porque éste es un Estado aconfesional e impartir una determinada religión -por mayoritaria que sea- supone un agravio para el resto de creencias, que también defenderían su derecho a estar presentes y ser impartidas, cosa que sería inviable, dado que se podría dar el caso de que un centro tuviera más maestros de religión, dado a la gran cantidad de religiones que existen, que maestros del resto de asignaturas. Por lo tanto impártase enseñanza laica en los centros educativos y déjense las cuestiones de fe para que sean profesadas en los lugares habituales para ello. Las escuelas públicas forman parte del patrimonio del Estado, y éste es aconfesional.

Por otra parte la L.O.E. debería ceñirse a la educación pública, que es a lo que está obligado el Estado a través de sus distintas Administraciones y dejar el negocio de la escuela privada a la iniciativa privada, y que estas empresas privadas se establezcan y salgan al mercado a buscar clientes y a buscar negocio, como hace el resto de empresas de los distintos y diversos sectores de la economía española y mundial.

Dice la L.O.E. en su artículo 108 punto 1: los centros docentes se clasifican en públicos y privados. Si ésta es una Ley que hace el Estado, será para regular normativas y funcionamientos de los centros titularidad estatal y la educación que se imparte en ellos. ¿Desde cuando el estado interviene en empresas privadas? Ahora eso no está de moda, ¿Cómo que en la educación si se quiere mezclar lo publico con lo privado? Aquí, la tan traída y llevada competitividad, pierde su esencia, ya que estas empresas tienen su negocio asegurado con los conciertos educativos con las Administraciones educativas. Y si además, los terrenos donde van a construir sus empresas, se los regalamos, el negocio es redondo.

También la L.O.E. dice en su artículo 108 punto 6: Que los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos, tienen derecho a escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por poderes públicos, seguramente se refiere a que tenemos derecho a escoger entre un centro público y uno privado concertado. Pues bien eso es imposible, para que ese derecho fuera real y efectivo, para que ese derecho se pudiera ejercer de verdad, el estado debería crear una plaza en escuela pública y otra plaza de escuela privada concertada, para cada alumn@, si no es así, si la realidad nos dice que los centros privados concertados suponen –por ejemplo en Caravaca- menos del 10% del alumnado, ¿de que derecho estamos hablando?, más bien estaremos creando una escuela privada para una élite determinada, donde no todos podemos llevar a nuestros hij@s, donde sólo una pequeña minoría podra acceder a esos centros. Estaremos creando, entonces, una escuela para unos pocos en detrimento de la mayoría. Y ese derecho de elegir centro a veces tampoco es real, ni dentro de la propia escuela pública; todos conocemos algún caso en el cual una madre o un padre a querido llevar a su hij@ aun determinado centro y se ha quedado fuera por no haber plazas suficientes en el mismo; por los baremos establecidos a tal efecto, hay quien si accede a es centro y quien no; entonces las autoridades educativas lo ha derivado a otro, también público, lo mas cercano posible, por lo tanto el mencionado derecho de elección se convierte, a veces, en algo poco creíble.

Por lo tanto, yo sí creo y defiendo el derecho de elegir la educación y de elegir centro (privado o público) para nuestros hij@s. Si estuviera garantizada por parte del Estado la educación pública para todos, sin distinción de ningún tipo ni segregación alguna, una educación pública, universal y gratuita; la madre o el padre que quiera llevar a su hij@ a un centro privado, está, absolutamente, en todo su derecho, sin ningún tipo de privación, condición, cortapisa, etc. Ahora bien, como el Estado ya ha garantizado ese derecho y le a proporcionado todos los servicios necesarios para que ese derecho a la educación sea una realidad; quien, a partir de ahí, quiera y desee llevar a su hijo a un centro privado, sencillamente que lo pague. El derecho a la educación lo debería garantizar el Estado a través de sus centros públicos, pero el antojo y/o el capricho de llevar a los hij@s a un centro privado deberían pagárselo cada uno de su bolsillo y no de las arcas públicas.

Por estos motivos y algunos más, yo no estoy de acuerdo con muchos aspectos de la
L.O.E., y creo que Izquierda Unida debió haberla votado en contra, en vez de abstenernos, cuando se debatió en el Congreso de los Diputados en el año 2006. Pero lo que no entiendo es que quien la votó en contra, (Partido Popular) ahora se esconda y se escude tras ella y justifique sus fechorías políticas, en materia educativa, amparándose y defendiendo lo que contempla la mencionada Ley; esto parece ser el mundo del revés. Todos deberíamos ser más consecuentes y votar las leyes según nuestras ideologías. Y viendo la defensa que algunos miembros del Partido Popular hacen de esta ley, deberían haberla votado a favor. Claro está que la L.O.E. fue aprobada por el Parlamento y todos estamos obligados a acatarla, otra cosa es que estemos, o no, de acuerdo su contenido. Y por cierto, la L.O.E. no dice explícitamente, en ninguno de sus artículos, que se tengan que regalar terrenos para la construcción de escuelas privadas, para que éstas después concierten con las administraciones.

Por otra parte, y ciñéndome a nuestra Ciudad, lo que nuestros gobernantes municipales pretenden –amparándose, según ellos, en la L.O.E.- es regalar 13.000 metros cuadrados a una empresa privada, para la construcción de una escuela privada. Y me va a permitir el lector que emplee la palabra regalo, ya que si esos 13.000 metros cuadrados durante 65 años y por un precio de 250 euros/metro cuadrado/mes, no es un regalo, que alguien nos lo explique y nos diga de que se trata. Podrán llamarle cesión de uso, derecho de superficie, uso temporal, etc., pero al fin y al cabo, de lo que hablamos es de la entrega y regalo de un terreno público, un terreno de propiedad municipal y a la postre de tod@s y cada un@ de l@s caravaqueñ@s, a una empresa privada para su negocio privado, terrenos que, después de construida la escuela, pueden ser arrendados o subarrendados a terceras personas junto con el inmueble allí instalado. Desde luego si todas las empresas que quieran iniciar su actividad económica en nuestro municipio le diéramos, desde el Ayuntamiento, el mismo trato de favor, la actual crisis económica pasaría desapercibida por nuestro entorno. Además de todas estas ventajas, a la empresa que se le adjudiquen estos terrenos, puede arrendarlos a terceros, puede hipotecar los terrenos y las obras que allí se construyan. Y esa verdad a medias –no olvidemos que las medias verdades son peores que las mentiras- que en 65 años revertirá el solar y las obras al Ayuntamiento, no está nada claro, según el Pliego de Condiciones, al final del punto número 3 dice textualmente:
La extinción del derecho de superficie por el transcurso del término provocará igualmente la extinción de toda clase de derechos reales o personales impuestos por el superficiario, pudiendo prorrogar el tiempo hasta el máximo permitido por Ley en las condiciones económicas que, conforme a Derecho, se pacten entre las partes, es decir, esos 65 años pueden ser ampliables, el Pliego de Condiciones deja esa puerta abierta.

Por lo tanto si es necesario construir una escuela en nuestra localidad, cédanse esos terrenos a la Consejería de Educación para la construcción de una escuela pública para tod@s. Y si alguien quiere crear una empresa privada para impartir enseñanza, que lo haga a su riesgo y ventura como el resto de empresarios de otros sectores; y el usuario que quiera que esa empresa le preste esos servicios que pague por ellos, como muy bien manda la ley de la oferta y la demanda. Y tod@s l@s que proclaman a los cuatro vientos las virtudes de la tan manida y venerada economía de mercado, ante esta situación aplíquense sus recetas: Libre mercado y libre empresa sí, pero el suelo público para las infraestructuras públicas y para los servicios públicos, en este caso SUELO PÚBLICO PARA LA ESCUELA PÚBLICA. .

Juan Berbell Marín, Coordinador Local de Izquierda Unida-Caravaca