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CARTA ABIERTA AL OBISPO DE LA DIÓCESIS DE CARTAGENA JUAN ANTONIO REIG PLA

Muy señor mío.

El pasado 14 de septiembre asistí, previa invitación, a la ceremonia religiosa que se celebró en el Castillo de nuestra localidad. Acto que usted presidió, como máximo dirigente de lar jerarquía católica, en ese momento y ese lugar.

En su discurso central , lo que se conoce como sermón, hizo referencias y criticó algunas decisiones políticas, que por lo visto a usted y a la institución que representa no le parecen correctas, y me parece muy loable que se critique cualquier actuación de nuestros gobernantes cuando se discrepe de su contenido, como no puede ser de otra forma en un país libre y democrático como es España; recordará usted mejor que yo, por su edad, cuando no se podían criticar las actuaciones políticas ni de otra índole en nuestro país. Por lo tanto, reconocido su derecho de crítica, yo voy a ejercer el mío.

Hizo usted mención al matrimonio (que es un derecho de tod@s) y al divorcio (que también es un derecho de tod@s). El matrimonio con amor no es disfrute absoluto de la fe católica, sino también de practicantes de otras confesiones, y como no, para los que no se adhieren a ninguna religión: laicos, agnósticos, etc. El divorcio es un derecho del que nadie debe de excluir a nadie. Considero, que desde la organización religiosa que usted representa, deberían respetar la decisión de sus adeptos cuando éstos opten por divorciarse. También quisiera remarcar que todo el mundo tiene derecho al amor, y por lo tanto a enamorarse, también los divorciados pueden volver amar y a casarse de nuevo si lo prefieren, nadie es quien para privarles de ese derecho. Resumiendo, todas las personas tienen la libertad de ejercer esos derechos que he mencionando, independientemente de sus ideas, creencias, afinidades, tendencias sexuales, etc. Todos sin exclusión de género (masculino o femenino) y cada persona con quien quiera dentro de la libertad personal que se le reconoce a cada individuo. Por otra parte muchas personas viven en familia, sin que sea el tipo de familia que ustedes pretenden. Somos muchos los que defendemos y protegemos todo tipo de familia, como forma de convivencia, sin ser seguidores de su fe ni de ninguna otra.

Convendrá conmigo que debe ser trágico para una mujer debatirse en la tesitura de dar a luz un hijo no deseado o interrumpir su embarazo, por eso lo más adecuado sería prevenir ese embarazo no querido con medidas preventivas y anticonceptivas, avanzando en una política transversal de formación e información en el correcto uso de esos medios para evitar y prevenir al máximo esos embarazos. Por otro lado hay supuestos en los que no cabe prevención alguna, como es el caso de una violación. Ante situaciones tan terribles para la mujer, lo que ésta necesita es apoyo de todo su entorno, pero también ayuda desde las instituciones. Respetar su decisión y darle todo amparo posible, cuando opte por una cosa o la otra. Pero nunca jamás hacer una ley que la meta en la cárcel después de tener que tomar una decisión –porque es ella quien tiene que decidir- tan indeseable.

No discreparemos en que las leyes educativas, como todas las demás leyes, son elaboradas por los gobernantes, que han sido elegidos por los ciudadanos, y se aprueban con las mayorías parlamentarias suficientes, para que salgan adelante, como no puede ser de otro modo en una sociedad libre y democrática como la nuestra. Y todos los ciudadanos estamos obligados a su cumplimiento, independientemente de que esas leyes sean, o no, de nuestro agrado. Pero la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos humanos lo único que trata es de educar a nuestros hijos en valores humanos, valores de ciudadanía, valores democráticos, de solidaridad y de justicia, por tanto nadie que realmente defienda esos valores, debería oponerse a su enseñanza en los centros educativos. Por otra parte hacer llamamientos a la ciudadanía para incumplir ciertas leyes, pueden ser actos calificados de desobediencia civil, actos impropios de una institución como a la que usted representa, que estuvo tanto tiempo ligada al poder político.

Por otra parte el derecho a una muerte digna debería ser reconocido por todos, deberíamos dotar a las personas de esa libertad para quien no quiera tener una muerte lenta, agónica y horrible. Nadie debe erigirse en juez de una persona que hace uso de esa voluntad sobre su propia vida.

Considere esta carta abierta como una contestación a la homilía que pronunció en el lugar antes indicado el día 14 de septiembre. Como aquél era su foro, y no el mío, lógicamente no correspondía mi replica allí; y como sus palabras fueron públicas, mis objeciones también las hago públicas en esta misiva.

Saludos cordiales.

Juan Berbell Marín, Coordinador local de Izquierda Unida de Caravaca.

DERECHOS Y LIBERTADES.

Desde las posturas más neoliberales, defensoras a ultranza de la economía sin ningún tipo de control, favorecedoras de la internacionalización de los mercados y de la deslocalización de las empresas, fomentadoras de la idea de extender a todo el planeta los puntos de venta para que llegue toda mercancía a todo rincón de este mundo. Desde estas posturas se han propiciado, en definitiva, todos los factores para que se produzca lo que se ha dado en llamar: globalización.

Desde estas posturas nunca se acuerdan de “globalizar” en la misma dirección y sentido los derechos humanos y los derechos sociales, para que las personas que viven en esos lugares donde se quieren llevar las mercancías tengan un estado del bienestar, tal y como deseamos en la Europa social; y digo deseamos, porque últimamente se están intentando menoscabar esos derechos que tanta lucha costó a la clase trabajadora de este continente. Aquí también quieren anteponer el interés del capital al derecho que tiene toda persona, como trabajador y como ser humano. Ahora que estamos inmersos en esta crisis económico-financiera, se nos ha olvidan los ataques recientes a derechos y libertades en este viejo continente. Medidas que van en contra de los más desfavorecidos, que son, al mismo tiempo, los primeros en padecer estas crisis y los que más sufren con ellas.

Usando la demagogia más cruel se elaboran leyes para expulsar a los inmigrantes “ilegales” que la mayoría de ellos, no conviene olvidarlo, están entre nosotros ocupando puestos de trabajos, que por su baja cualificación y remuneración no queremos hacer nosotros, ayudando a la vez al crecimiento y al desarrollo económico de nuestro país. Previo a esa expulsión, quieren retenerlos hasta un plazo máximo de 18 meses, ¿de qué se les acusará para tenerlos detenidos tanto tiempo? ¿Será un delito ir a trabajar a otro país, para buscar una vida mejor? Siendo España un país de emigrantes durante tanto tiempo, tendríamos que tener un poco –en este tema también- de memoria histórica. Habrá que hacer, de paso, alguna aclaración: si son “sinpapeles” y están trabajando en este continente nuestro, no tendrán contrato de trabajo, por lo tanto no se cotiza por ellos, ni tienen ningún tipo de derecho socio-laboral, y un largo y lamentable etcétera. Esa forma de relación laboral se le llama, sin ningún género de duda, explotación.

A los dirigentes de la vieja Europa se les llena la boca cuando hacen mención a los derechos humanos, pero alguien debería recordarles que el 10 de diciembre de 1948 –que ya ha llovido- la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó La Declaración Universal de Derechos Humanos que en su artículo 13 dice textualmente:
1.-.- Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2.- Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Nos guste o no, esta Normativa de Retorno, ataca directamente al contenido de ese artículo de La Declaración Universal de Derechos Humanos.
En este continente, desgraciadamente, retrocedemos en derechos individuales, debido a políticas ultraconservadoras apoyadas en ocasiones por gobernantes que se hacen llamar progresistas. Estos dirigentes que dicen ser de izquierdas, deberían oponerse de forma contundente a estos recortes de los derechos humanos, en vez de dejarse arrastrar por esta oleada de xenofobia y sinrazón.

Abundando en recortes de derechos, no tienen empacho y proponer la ampliación de la jornada laboral a 65 horas semanales, trasladándonos a épocas de semiesclavitud. Cuando lo que se pretende es el reparto del trabajo para trabajar todos, y para poder conciliar la vida laboral con la vida familiar y poder hacer uso del derecho al ocio y al tiempo libre. Es lamentable ver que países como Francia, que optaron por aplicar las 35 horas semanales y que siempre ha sido bandera de los derechos sociales, ahora sus dirigentes apoyen esta normativa tan descabellada.

A estos gobernantes europeos, seguramente les habrá gustado la forma en la que se trabaja en otros lugares del planeta, donde se instalan las empresas que se desaparecen de aquí. De todos es sabido que a pocas horas de vuelo de cualquier ciudad de Europa, hay personas trabajando por 5 euros al día “de sol a sol”, sin prestaciones sociales de ningún tipo, donde no existe ninguna regulación laboral, donde traban los niños desde muy temprana edad, y donde la esclavitud es una práctica común.

Esta normativa laboral, estará basada, claro está, en la tan traída y llevada competitividad, pero habría que mencionar que en España y en Europa, las empresas llevan muchos años arrojando grandes beneficios; excluyendo, como no, alguna excepción que confirma toda regla.

Este ataque directo y frontal a los derechos de los trabajadores contó con el apoyo de los países gobernados por partidos de derechas, (Francia, Italia, Alemania etc.) cosa lógica y normal. Lo que parece impropio de un gobierno como el de nuestro país, que se dice de izquierdas, es que se abstuviera en vez de mostrar un no rotundo.

Con determinaciones de este tipo, que van enfocadas a recortar libertades, derechos y conquistas que muchos considerábamos intocables, lo único que van a conseguir es alejar más al los ciudadanos del sentimiento europeo, ya de por si deteriorado. Se están imponiendo los intereses del capitalismo salvaje a los derechos que tiene todo trabajador y todo ser humano.