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El día uno de noviembre de 2008, en las primeras páginas de un diario regional, se publicaba la noticia de la entrega de las primeras 176 viviendas protegidas de un total previsto de 1300. Las viviendas son de ochenta y noventa metros cuadrados aproximadamente, y por un precio medio entre 94,000 y 101.000 euros (alrededor, más o menos, de 16 millones de las antiguas pesetas). Tienen plaza de garaje, trastero, preinstalación de aire acondicionado, zona común privada, parque infantil y piscina. Esta iniciativa está siendo desarrollada a través de una cooperativa de vivienda.

Y uno se pregunta ¿Cómo es posible que esas viviendas salgan al mercado con un precio de 100.000 euros, y otras viviendas similares, valgan más del doble? ¿Por qué no se ha abundado en este tipo de vivienda, con un precio asequible (en otros lugares incluso con precios más bajos) para hacer real y efectivo ese derecho a la vivienda que recoge nuestra Constitución de 1978? ¿Qué pensarán las personas que han pagado más del doble por un piso de características análogas?

Por culpa de esos precios escandalosos y abusivos, el sector de la construcción y el sector inmobiliario se han hundido, y ésta ha sido una de las principales causas –no la única- de que hayamos terminado en esta crisis económica con las subidas del desempleo que estamos sufriendo y con lo que nos queda aún por soportar, ya que todas las previsiones apuntan a la destrucción de más empleo en los próximos meses.

Si en los últimos diez o doce años, desde las distintas administraciones del Estado, se hubiera apoyado y fomentando la construcción de vivienda protegida, no habríamos llegado a esta situación de descalabro en la que nos encontramos. Y está claro que la vivienda protegida sólo se puede promover desde los estamentos públicos. Pero desde las distintas administraciones (local, autonómica y central) no se han llevado a cabo ningún tipo de políticas en ese sentido, se ha dejado todo al libre mercado y a la especulación. Por tanto aquí tenemos el resultado: precios altísimos que hacen imposible el acceso a la vivienda, endeudamiento atroz de las familias que han comprado una casa por un precio excesivo e injusto, y por otra parte, debido al elevado precio de las casas, hay personas que no se lo han podido comprar antes, ni tampoco ahora, ya que ahora, aparte del precio, lo que hoy por hoy es inasequible, es el préstamo hipotecario (por culpa de las restricciones de las entidades financieras) para la compra de ese piso.

Éste es el resultado de no hacer nada en política de vivienda, excepto recalificar terrenos para desarrollar Planes Parciales que tampoco han servido para nada, (bueno sí, para que algún “amiguete” de algún político corrupto multiplique el valor de sus terrenos) sólo para crear falsas expectativas, y como se suele decir “vender humo”. Y de paso que la Unión Europea nos mande “avisos”, recordándonos lo que desde Izquierda Unida venimos diciendo desde hace mucho tiempo: esta forma de desarrollo urbanístico es insostenible medioambientalmente, sobre todo en lo referente a recursos hídricos.

Si en cada desarrollo urbanístico se hubiera liberado una parte importante para vivienda protegida con precio-calidad tasado, habríamos conseguido dos cosas: la primera, garantizar un techo a nuestros jóvenes y no tan jóvenes con rentas bajas, ya que esa vivienda de protección hubiera sido de adjudicación teniendo en cuenta el nivel de renta; y la segunda es, que si se construyen bastantes casas protegidas, la demanda de vivienda libre es menor, por tanto el mercado hubiera regulado, el solo, el precio de la vivienda libre. Al mismo tiempo que algunos se les habría caído la cara de vergüenza si se les ocurre pedir, por una vivienda libre de las mismas características que una protegida, más de doble del precio de venta de ésta.

Prácticamente nada se ha hecho en vivienda protegida para su venta y mucho menos en vivienda protegida para el alquiler. Porque hay que recordar que el régimen de alquiler, puede y debe ser una forma de acceso a la vivienda para una determinada y amplia parte de la población. Hay personas que no quieren comprar una vivienda y optan por el alquiler, bien por motivos económicos, por movilidad en el trabajo, o por otros muchos factores.

Por tanto, si se hubiera hecho hincapié en promocionar vivienda protegida, hoy estaríamos en una situación bastante distinta, con una construcción de viviendas paulatina y con arreglo a las necesidades. El desplome del sector de la construcción no sería tal, y por tanto el nivel de empleo se mantendría estable y el paro no crecería al ritmo que crece. Porque hay que recordar que la vivienda protegida también da empleo a albañiles, fontaneros, arquitectos, pintores, carpinteros, electricistas, etc. Al mismo tiempo que genera ingresos a las arcas municipales a través de los distintos impuestos que gravan todo tipo de construcciones. La vivienda de protección/promoción pública, también mueve el “motor” de la economía como la vivienda libre. Eso sí, tiene una gran diferencia -desventaja para algunos- no cabe la especulación ni el abuso, con ese tipo de vivienda nadie se gana un “par de millones” de un mes para el siguiente comprando y vendiendo pisos, nadie multiplica por cien el valor de su terreno, no existe el pelotazo urbanístico y posiblemente no habría tantos concejales y alcaldes a punto de entrar en la cárcel, o dentro de ella.

Reconozco que llevando a cabo este tipo de políticas urbanísticas y de construcción se le habría jodido (con perdón) el negocio a unos pocos, pero estoy seguro que habríamos beneficiado a la gran mayoría de la población. Ésa hubiera sido una buena forma de hacer políticas progresistas durante el último lustro, y al mismo tiempo, beneficiar y ayudar a los más necesitados de este país. Todavía estamos a tiempo, y como se suele decir: más vale tarde que nunca. Todo es cuestión de voluntad política.