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DE INSULTOS, EXABRUPTOS, AMENAZAS Y OTRAS LINDEZAS.

Andamos últimamente repletos de salidas de tono e improperios (por llamarlo de una forma suave) de algunos políticos de distintas formaciones. Empezó a quejarse el Partido Popular por la frase pronunciada por el Señor Castro, alcalde socialista de Getafe para más señas, cuando hacía referencia al nivel intelectual de sus votantes. Siguió lamentándose el principal partido de la derecha española cuando el Señor Tarda, representante de E.R.C., arremetió contra la el Jefe de Estado y la institución que representa. Pero para no ser menos que los demás, el Presidente de Honor y fundador del PP Don Manuel Fraga, salió a la palestra y, ni corto ni perezoso, propuso “colgar” a los nacionalistas en algún sitio.

Todas estas barbaridades han sido pronunciadas por representantes políticos que tienen el respaldo de miles de ciudadanos. Amén de las responsabilidades penales que pudieran conllevar estas declaraciones, la ciudadanía en general tenemos que saltar como un resorte ante desvaríos de gente de este tipo, que hace afirmaciones de tal índole.

La política debe y tiene que ser una dedicación enfocada a resolver los problemas del pueblo, a mejorar la vida de los gobernados (no de los gobernantes), a velar por los intereses de la mayoría, a manejar el dinero público con la máxima transparencia y honradez, a emplear los recursos en beneficio de lo público y no de lo privado……

Si cuando están en el gobierno los llamados partidos de izquierdas, hicieran una política claramente diferenciada de la derecha, -cosa que no sucede desafortunadamente- posiblemente habría muchos más votantes que “inteligentemente” no votarían al PP.

Si para defender la República andamos vertiendo insultos y amenazas a diestro y siniestro, en vez de propiciar las circunstancias para que podamos conseguir esa forma de gobierno, lo que se conseguirá es totalmente lo contrario: el desprestigio de los que la defendemos y por ende el descrédito de la República.

Si no tenemos bastante con los agravios y ofensas a las que nos tienen acostumbrados algunos nacionalistas periféricos, sólo nos faltaba que desde el polo opuesto, (nacionalismos centralistas) algún descerebrado se ponga a su altura para conseguir que estos señores justifiquen sus acciones y seguir “dándoles cuerda”.

Pero me temo que todo esto no es lo peor, lo más malo es que esto sirve para distraer la atención del “respetable”, mientras los medios de información se entretengan en estos menesteres, no queda tiempo para hablar del paro, de la agonía de los que no pueden pagar la hipoteca, de las deficiencias en sanidad y educación, de las listas de espera en la concesión de la Ayuda a la Dependencia, de reclamar un Salario Mínimo Interprofesional decente, del derecho a la vivienda y un largísimo etcétera. Y también para que cunda la opinión de que todos los políticos son iguales y que da igual que gobierne uno que otro. Pues NO, no todos somos iguales, habemos personas que nos dedicamos a la política y no queremos que se nos compare con esta gente ni de lejos. Por lo tanto yo si salto como un resorte y rechazo el proceder de estos personajes, que en vez de dedicarse a la función noble que debe ser la política, deberían ocuparse en otros cometidos.

El día uno de noviembre de 2008, en las primeras páginas de un diario regional, se publicaba la noticia de la entrega de las primeras 176 viviendas protegidas de un total previsto de 1300. Las viviendas son de ochenta y noventa metros cuadrados aproximadamente, y por un precio medio entre 94,000 y 101.000 euros (alrededor, más o menos, de 16 millones de las antiguas pesetas). Tienen plaza de garaje, trastero, preinstalación de aire acondicionado, zona común privada, parque infantil y piscina. Esta iniciativa está siendo desarrollada a través de una cooperativa de vivienda.

Y uno se pregunta ¿Cómo es posible que esas viviendas salgan al mercado con un precio de 100.000 euros, y otras viviendas similares, valgan más del doble? ¿Por qué no se ha abundado en este tipo de vivienda, con un precio asequible (en otros lugares incluso con precios más bajos) para hacer real y efectivo ese derecho a la vivienda que recoge nuestra Constitución de 1978? ¿Qué pensarán las personas que han pagado más del doble por un piso de características análogas?

Por culpa de esos precios escandalosos y abusivos, el sector de la construcción y el sector inmobiliario se han hundido, y ésta ha sido una de las principales causas –no la única- de que hayamos terminado en esta crisis económica con las subidas del desempleo que estamos sufriendo y con lo que nos queda aún por soportar, ya que todas las previsiones apuntan a la destrucción de más empleo en los próximos meses.

Si en los últimos diez o doce años, desde las distintas administraciones del Estado, se hubiera apoyado y fomentando la construcción de vivienda protegida, no habríamos llegado a esta situación de descalabro en la que nos encontramos. Y está claro que la vivienda protegida sólo se puede promover desde los estamentos públicos. Pero desde las distintas administraciones (local, autonómica y central) no se han llevado a cabo ningún tipo de políticas en ese sentido, se ha dejado todo al libre mercado y a la especulación. Por tanto aquí tenemos el resultado: precios altísimos que hacen imposible el acceso a la vivienda, endeudamiento atroz de las familias que han comprado una casa por un precio excesivo e injusto, y por otra parte, debido al elevado precio de las casas, hay personas que no se lo han podido comprar antes, ni tampoco ahora, ya que ahora, aparte del precio, lo que hoy por hoy es inasequible, es el préstamo hipotecario (por culpa de las restricciones de las entidades financieras) para la compra de ese piso.

Éste es el resultado de no hacer nada en política de vivienda, excepto recalificar terrenos para desarrollar Planes Parciales que tampoco han servido para nada, (bueno sí, para que algún “amiguete” de algún político corrupto multiplique el valor de sus terrenos) sólo para crear falsas expectativas, y como se suele decir “vender humo”. Y de paso que la Unión Europea nos mande “avisos”, recordándonos lo que desde Izquierda Unida venimos diciendo desde hace mucho tiempo: esta forma de desarrollo urbanístico es insostenible medioambientalmente, sobre todo en lo referente a recursos hídricos.

Si en cada desarrollo urbanístico se hubiera liberado una parte importante para vivienda protegida con precio-calidad tasado, habríamos conseguido dos cosas: la primera, garantizar un techo a nuestros jóvenes y no tan jóvenes con rentas bajas, ya que esa vivienda de protección hubiera sido de adjudicación teniendo en cuenta el nivel de renta; y la segunda es, que si se construyen bastantes casas protegidas, la demanda de vivienda libre es menor, por tanto el mercado hubiera regulado, el solo, el precio de la vivienda libre. Al mismo tiempo que algunos se les habría caído la cara de vergüenza si se les ocurre pedir, por una vivienda libre de las mismas características que una protegida, más de doble del precio de venta de ésta.

Prácticamente nada se ha hecho en vivienda protegida para su venta y mucho menos en vivienda protegida para el alquiler. Porque hay que recordar que el régimen de alquiler, puede y debe ser una forma de acceso a la vivienda para una determinada y amplia parte de la población. Hay personas que no quieren comprar una vivienda y optan por el alquiler, bien por motivos económicos, por movilidad en el trabajo, o por otros muchos factores.

Por tanto, si se hubiera hecho hincapié en promocionar vivienda protegida, hoy estaríamos en una situación bastante distinta, con una construcción de viviendas paulatina y con arreglo a las necesidades. El desplome del sector de la construcción no sería tal, y por tanto el nivel de empleo se mantendría estable y el paro no crecería al ritmo que crece. Porque hay que recordar que la vivienda protegida también da empleo a albañiles, fontaneros, arquitectos, pintores, carpinteros, electricistas, etc. Al mismo tiempo que genera ingresos a las arcas municipales a través de los distintos impuestos que gravan todo tipo de construcciones. La vivienda de protección/promoción pública, también mueve el “motor” de la economía como la vivienda libre. Eso sí, tiene una gran diferencia -desventaja para algunos- no cabe la especulación ni el abuso, con ese tipo de vivienda nadie se gana un “par de millones” de un mes para el siguiente comprando y vendiendo pisos, nadie multiplica por cien el valor de su terreno, no existe el pelotazo urbanístico y posiblemente no habría tantos concejales y alcaldes a punto de entrar en la cárcel, o dentro de ella.

Reconozco que llevando a cabo este tipo de políticas urbanísticas y de construcción se le habría jodido (con perdón) el negocio a unos pocos, pero estoy seguro que habríamos beneficiado a la gran mayoría de la población. Ésa hubiera sido una buena forma de hacer políticas progresistas durante el último lustro, y al mismo tiempo, beneficiar y ayudar a los más necesitados de este país. Todavía estamos a tiempo, y como se suele decir: más vale tarde que nunca. Todo es cuestión de voluntad política.

CARTA ABIERTA AL OBISPO DE LA DIÓCESIS DE CARTAGENA JUAN ANTONIO REIG PLA

Muy señor mío.

El pasado 14 de septiembre asistí, previa invitación, a la ceremonia religiosa que se celebró en el Castillo de nuestra localidad. Acto que usted presidió, como máximo dirigente de lar jerarquía católica, en ese momento y ese lugar.

En su discurso central , lo que se conoce como sermón, hizo referencias y criticó algunas decisiones políticas, que por lo visto a usted y a la institución que representa no le parecen correctas, y me parece muy loable que se critique cualquier actuación de nuestros gobernantes cuando se discrepe de su contenido, como no puede ser de otra forma en un país libre y democrático como es España; recordará usted mejor que yo, por su edad, cuando no se podían criticar las actuaciones políticas ni de otra índole en nuestro país. Por lo tanto, reconocido su derecho de crítica, yo voy a ejercer el mío.

Hizo usted mención al matrimonio (que es un derecho de tod@s) y al divorcio (que también es un derecho de tod@s). El matrimonio con amor no es disfrute absoluto de la fe católica, sino también de practicantes de otras confesiones, y como no, para los que no se adhieren a ninguna religión: laicos, agnósticos, etc. El divorcio es un derecho del que nadie debe de excluir a nadie. Considero, que desde la organización religiosa que usted representa, deberían respetar la decisión de sus adeptos cuando éstos opten por divorciarse. También quisiera remarcar que todo el mundo tiene derecho al amor, y por lo tanto a enamorarse, también los divorciados pueden volver amar y a casarse de nuevo si lo prefieren, nadie es quien para privarles de ese derecho. Resumiendo, todas las personas tienen la libertad de ejercer esos derechos que he mencionando, independientemente de sus ideas, creencias, afinidades, tendencias sexuales, etc. Todos sin exclusión de género (masculino o femenino) y cada persona con quien quiera dentro de la libertad personal que se le reconoce a cada individuo. Por otra parte muchas personas viven en familia, sin que sea el tipo de familia que ustedes pretenden. Somos muchos los que defendemos y protegemos todo tipo de familia, como forma de convivencia, sin ser seguidores de su fe ni de ninguna otra.

Convendrá conmigo que debe ser trágico para una mujer debatirse en la tesitura de dar a luz un hijo no deseado o interrumpir su embarazo, por eso lo más adecuado sería prevenir ese embarazo no querido con medidas preventivas y anticonceptivas, avanzando en una política transversal de formación e información en el correcto uso de esos medios para evitar y prevenir al máximo esos embarazos. Por otro lado hay supuestos en los que no cabe prevención alguna, como es el caso de una violación. Ante situaciones tan terribles para la mujer, lo que ésta necesita es apoyo de todo su entorno, pero también ayuda desde las instituciones. Respetar su decisión y darle todo amparo posible, cuando opte por una cosa o la otra. Pero nunca jamás hacer una ley que la meta en la cárcel después de tener que tomar una decisión –porque es ella quien tiene que decidir- tan indeseable.

No discreparemos en que las leyes educativas, como todas las demás leyes, son elaboradas por los gobernantes, que han sido elegidos por los ciudadanos, y se aprueban con las mayorías parlamentarias suficientes, para que salgan adelante, como no puede ser de otro modo en una sociedad libre y democrática como la nuestra. Y todos los ciudadanos estamos obligados a su cumplimiento, independientemente de que esas leyes sean, o no, de nuestro agrado. Pero la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos humanos lo único que trata es de educar a nuestros hijos en valores humanos, valores de ciudadanía, valores democráticos, de solidaridad y de justicia, por tanto nadie que realmente defienda esos valores, debería oponerse a su enseñanza en los centros educativos. Por otra parte hacer llamamientos a la ciudadanía para incumplir ciertas leyes, pueden ser actos calificados de desobediencia civil, actos impropios de una institución como a la que usted representa, que estuvo tanto tiempo ligada al poder político.

Por otra parte el derecho a una muerte digna debería ser reconocido por todos, deberíamos dotar a las personas de esa libertad para quien no quiera tener una muerte lenta, agónica y horrible. Nadie debe erigirse en juez de una persona que hace uso de esa voluntad sobre su propia vida.

Considere esta carta abierta como una contestación a la homilía que pronunció en el lugar antes indicado el día 14 de septiembre. Como aquél era su foro, y no el mío, lógicamente no correspondía mi replica allí; y como sus palabras fueron públicas, mis objeciones también las hago públicas en esta misiva.

Saludos cordiales.

Juan Berbell Marín, Coordinador local de Izquierda Unida de Caravaca.