SEGUIR LUCHANDO

DE INSULTOS, EXABRUPTOS, AMENAZAS Y OTRAS LINDEZAS.

Andamos últimamente repletos de salidas de tono e improperios (por llamarlo de una forma suave) de algunos políticos de distintas formaciones. Empezó a quejarse el Partido Popular por la frase pronunciada por el Señor Castro, alcalde socialista de Getafe para más señas, cuando hacía referencia al nivel intelectual de sus votantes. Siguió lamentándose el principal partido de la derecha española cuando el Señor Tarda, representante de E.R.C., arremetió contra la el Jefe de Estado y la institución que representa. Pero para no ser menos que los demás, el Presidente de Honor y fundador del PP Don Manuel Fraga, salió a la palestra y, ni corto ni perezoso, propuso “colgar” a los nacionalistas en algún sitio.

Todas estas barbaridades han sido pronunciadas por representantes políticos que tienen el respaldo de miles de ciudadanos. Amén de las responsabilidades penales que pudieran conllevar estas declaraciones, la ciudadanía en general tenemos que saltar como un resorte ante desvaríos de gente de este tipo, que hace afirmaciones de tal índole.

La política debe y tiene que ser una dedicación enfocada a resolver los problemas del pueblo, a mejorar la vida de los gobernados (no de los gobernantes), a velar por los intereses de la mayoría, a manejar el dinero público con la máxima transparencia y honradez, a emplear los recursos en beneficio de lo público y no de lo privado……

Si cuando están en el gobierno los llamados partidos de izquierdas, hicieran una política claramente diferenciada de la derecha, -cosa que no sucede desafortunadamente- posiblemente habría muchos más votantes que “inteligentemente” no votarían al PP.

Si para defender la República andamos vertiendo insultos y amenazas a diestro y siniestro, en vez de propiciar las circunstancias para que podamos conseguir esa forma de gobierno, lo que se conseguirá es totalmente lo contrario: el desprestigio de los que la defendemos y por ende el descrédito de la República.

Si no tenemos bastante con los agravios y ofensas a las que nos tienen acostumbrados algunos nacionalistas periféricos, sólo nos faltaba que desde el polo opuesto, (nacionalismos centralistas) algún descerebrado se ponga a su altura para conseguir que estos señores justifiquen sus acciones y seguir “dándoles cuerda”.

Pero me temo que todo esto no es lo peor, lo más malo es que esto sirve para distraer la atención del “respetable”, mientras los medios de información se entretengan en estos menesteres, no queda tiempo para hablar del paro, de la agonía de los que no pueden pagar la hipoteca, de las deficiencias en sanidad y educación, de las listas de espera en la concesión de la Ayuda a la Dependencia, de reclamar un Salario Mínimo Interprofesional decente, del derecho a la vivienda y un largísimo etcétera. Y también para que cunda la opinión de que todos los políticos son iguales y que da igual que gobierne uno que otro. Pues NO, no todos somos iguales, habemos personas que nos dedicamos a la política y no queremos que se nos compare con esta gente ni de lejos. Por lo tanto yo si salto como un resorte y rechazo el proceder de estos personajes, que en vez de dedicarse a la función noble que debe ser la política, deberían ocuparse en otros cometidos.

El día uno de noviembre de 2008, en las primeras páginas de un diario regional, se publicaba la noticia de la entrega de las primeras 176 viviendas protegidas de un total previsto de 1300. Las viviendas son de ochenta y noventa metros cuadrados aproximadamente, y por un precio medio entre 94,000 y 101.000 euros (alrededor, más o menos, de 16 millones de las antiguas pesetas). Tienen plaza de garaje, trastero, preinstalación de aire acondicionado, zona común privada, parque infantil y piscina. Esta iniciativa está siendo desarrollada a través de una cooperativa de vivienda.

Y uno se pregunta ¿Cómo es posible que esas viviendas salgan al mercado con un precio de 100.000 euros, y otras viviendas similares, valgan más del doble? ¿Por qué no se ha abundado en este tipo de vivienda, con un precio asequible (en otros lugares incluso con precios más bajos) para hacer real y efectivo ese derecho a la vivienda que recoge nuestra Constitución de 1978? ¿Qué pensarán las personas que han pagado más del doble por un piso de características análogas?

Por culpa de esos precios escandalosos y abusivos, el sector de la construcción y el sector inmobiliario se han hundido, y ésta ha sido una de las principales causas –no la única- de que hayamos terminado en esta crisis económica con las subidas del desempleo que estamos sufriendo y con lo que nos queda aún por soportar, ya que todas las previsiones apuntan a la destrucción de más empleo en los próximos meses.

Si en los últimos diez o doce años, desde las distintas administraciones del Estado, se hubiera apoyado y fomentando la construcción de vivienda protegida, no habríamos llegado a esta situación de descalabro en la que nos encontramos. Y está claro que la vivienda protegida sólo se puede promover desde los estamentos públicos. Pero desde las distintas administraciones (local, autonómica y central) no se han llevado a cabo ningún tipo de políticas en ese sentido, se ha dejado todo al libre mercado y a la especulación. Por tanto aquí tenemos el resultado: precios altísimos que hacen imposible el acceso a la vivienda, endeudamiento atroz de las familias que han comprado una casa por un precio excesivo e injusto, y por otra parte, debido al elevado precio de las casas, hay personas que no se lo han podido comprar antes, ni tampoco ahora, ya que ahora, aparte del precio, lo que hoy por hoy es inasequible, es el préstamo hipotecario (por culpa de las restricciones de las entidades financieras) para la compra de ese piso.

Éste es el resultado de no hacer nada en política de vivienda, excepto recalificar terrenos para desarrollar Planes Parciales que tampoco han servido para nada, (bueno sí, para que algún “amiguete” de algún político corrupto multiplique el valor de sus terrenos) sólo para crear falsas expectativas, y como se suele decir “vender humo”. Y de paso que la Unión Europea nos mande “avisos”, recordándonos lo que desde Izquierda Unida venimos diciendo desde hace mucho tiempo: esta forma de desarrollo urbanístico es insostenible medioambientalmente, sobre todo en lo referente a recursos hídricos.

Si en cada desarrollo urbanístico se hubiera liberado una parte importante para vivienda protegida con precio-calidad tasado, habríamos conseguido dos cosas: la primera, garantizar un techo a nuestros jóvenes y no tan jóvenes con rentas bajas, ya que esa vivienda de protección hubiera sido de adjudicación teniendo en cuenta el nivel de renta; y la segunda es, que si se construyen bastantes casas protegidas, la demanda de vivienda libre es menor, por tanto el mercado hubiera regulado, el solo, el precio de la vivienda libre. Al mismo tiempo que algunos se les habría caído la cara de vergüenza si se les ocurre pedir, por una vivienda libre de las mismas características que una protegida, más de doble del precio de venta de ésta.

Prácticamente nada se ha hecho en vivienda protegida para su venta y mucho menos en vivienda protegida para el alquiler. Porque hay que recordar que el régimen de alquiler, puede y debe ser una forma de acceso a la vivienda para una determinada y amplia parte de la población. Hay personas que no quieren comprar una vivienda y optan por el alquiler, bien por motivos económicos, por movilidad en el trabajo, o por otros muchos factores.

Por tanto, si se hubiera hecho hincapié en promocionar vivienda protegida, hoy estaríamos en una situación bastante distinta, con una construcción de viviendas paulatina y con arreglo a las necesidades. El desplome del sector de la construcción no sería tal, y por tanto el nivel de empleo se mantendría estable y el paro no crecería al ritmo que crece. Porque hay que recordar que la vivienda protegida también da empleo a albañiles, fontaneros, arquitectos, pintores, carpinteros, electricistas, etc. Al mismo tiempo que genera ingresos a las arcas municipales a través de los distintos impuestos que gravan todo tipo de construcciones. La vivienda de protección/promoción pública, también mueve el “motor” de la economía como la vivienda libre. Eso sí, tiene una gran diferencia -desventaja para algunos- no cabe la especulación ni el abuso, con ese tipo de vivienda nadie se gana un “par de millones” de un mes para el siguiente comprando y vendiendo pisos, nadie multiplica por cien el valor de su terreno, no existe el pelotazo urbanístico y posiblemente no habría tantos concejales y alcaldes a punto de entrar en la cárcel, o dentro de ella.

Reconozco que llevando a cabo este tipo de políticas urbanísticas y de construcción se le habría jodido (con perdón) el negocio a unos pocos, pero estoy seguro que habríamos beneficiado a la gran mayoría de la población. Ésa hubiera sido una buena forma de hacer políticas progresistas durante el último lustro, y al mismo tiempo, beneficiar y ayudar a los más necesitados de este país. Todavía estamos a tiempo, y como se suele decir: más vale tarde que nunca. Todo es cuestión de voluntad política.

CARTA ABIERTA AL OBISPO DE LA DIÓCESIS DE CARTAGENA JUAN ANTONIO REIG PLA

Muy señor mío.

El pasado 14 de septiembre asistí, previa invitación, a la ceremonia religiosa que se celebró en el Castillo de nuestra localidad. Acto que usted presidió, como máximo dirigente de lar jerarquía católica, en ese momento y ese lugar.

En su discurso central , lo que se conoce como sermón, hizo referencias y criticó algunas decisiones políticas, que por lo visto a usted y a la institución que representa no le parecen correctas, y me parece muy loable que se critique cualquier actuación de nuestros gobernantes cuando se discrepe de su contenido, como no puede ser de otra forma en un país libre y democrático como es España; recordará usted mejor que yo, por su edad, cuando no se podían criticar las actuaciones políticas ni de otra índole en nuestro país. Por lo tanto, reconocido su derecho de crítica, yo voy a ejercer el mío.

Hizo usted mención al matrimonio (que es un derecho de tod@s) y al divorcio (que también es un derecho de tod@s). El matrimonio con amor no es disfrute absoluto de la fe católica, sino también de practicantes de otras confesiones, y como no, para los que no se adhieren a ninguna religión: laicos, agnósticos, etc. El divorcio es un derecho del que nadie debe de excluir a nadie. Considero, que desde la organización religiosa que usted representa, deberían respetar la decisión de sus adeptos cuando éstos opten por divorciarse. También quisiera remarcar que todo el mundo tiene derecho al amor, y por lo tanto a enamorarse, también los divorciados pueden volver amar y a casarse de nuevo si lo prefieren, nadie es quien para privarles de ese derecho. Resumiendo, todas las personas tienen la libertad de ejercer esos derechos que he mencionando, independientemente de sus ideas, creencias, afinidades, tendencias sexuales, etc. Todos sin exclusión de género (masculino o femenino) y cada persona con quien quiera dentro de la libertad personal que se le reconoce a cada individuo. Por otra parte muchas personas viven en familia, sin que sea el tipo de familia que ustedes pretenden. Somos muchos los que defendemos y protegemos todo tipo de familia, como forma de convivencia, sin ser seguidores de su fe ni de ninguna otra.

Convendrá conmigo que debe ser trágico para una mujer debatirse en la tesitura de dar a luz un hijo no deseado o interrumpir su embarazo, por eso lo más adecuado sería prevenir ese embarazo no querido con medidas preventivas y anticonceptivas, avanzando en una política transversal de formación e información en el correcto uso de esos medios para evitar y prevenir al máximo esos embarazos. Por otro lado hay supuestos en los que no cabe prevención alguna, como es el caso de una violación. Ante situaciones tan terribles para la mujer, lo que ésta necesita es apoyo de todo su entorno, pero también ayuda desde las instituciones. Respetar su decisión y darle todo amparo posible, cuando opte por una cosa o la otra. Pero nunca jamás hacer una ley que la meta en la cárcel después de tener que tomar una decisión –porque es ella quien tiene que decidir- tan indeseable.

No discreparemos en que las leyes educativas, como todas las demás leyes, son elaboradas por los gobernantes, que han sido elegidos por los ciudadanos, y se aprueban con las mayorías parlamentarias suficientes, para que salgan adelante, como no puede ser de otro modo en una sociedad libre y democrática como la nuestra. Y todos los ciudadanos estamos obligados a su cumplimiento, independientemente de que esas leyes sean, o no, de nuestro agrado. Pero la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos humanos lo único que trata es de educar a nuestros hijos en valores humanos, valores de ciudadanía, valores democráticos, de solidaridad y de justicia, por tanto nadie que realmente defienda esos valores, debería oponerse a su enseñanza en los centros educativos. Por otra parte hacer llamamientos a la ciudadanía para incumplir ciertas leyes, pueden ser actos calificados de desobediencia civil, actos impropios de una institución como a la que usted representa, que estuvo tanto tiempo ligada al poder político.

Por otra parte el derecho a una muerte digna debería ser reconocido por todos, deberíamos dotar a las personas de esa libertad para quien no quiera tener una muerte lenta, agónica y horrible. Nadie debe erigirse en juez de una persona que hace uso de esa voluntad sobre su propia vida.

Considere esta carta abierta como una contestación a la homilía que pronunció en el lugar antes indicado el día 14 de septiembre. Como aquél era su foro, y no el mío, lógicamente no correspondía mi replica allí; y como sus palabras fueron públicas, mis objeciones también las hago públicas en esta misiva.

Saludos cordiales.

Juan Berbell Marín, Coordinador local de Izquierda Unida de Caravaca.

DERECHOS Y LIBERTADES.

Desde las posturas más neoliberales, defensoras a ultranza de la economía sin ningún tipo de control, favorecedoras de la internacionalización de los mercados y de la deslocalización de las empresas, fomentadoras de la idea de extender a todo el planeta los puntos de venta para que llegue toda mercancía a todo rincón de este mundo. Desde estas posturas se han propiciado, en definitiva, todos los factores para que se produzca lo que se ha dado en llamar: globalización.

Desde estas posturas nunca se acuerdan de “globalizar” en la misma dirección y sentido los derechos humanos y los derechos sociales, para que las personas que viven en esos lugares donde se quieren llevar las mercancías tengan un estado del bienestar, tal y como deseamos en la Europa social; y digo deseamos, porque últimamente se están intentando menoscabar esos derechos que tanta lucha costó a la clase trabajadora de este continente. Aquí también quieren anteponer el interés del capital al derecho que tiene toda persona, como trabajador y como ser humano. Ahora que estamos inmersos en esta crisis económico-financiera, se nos ha olvidan los ataques recientes a derechos y libertades en este viejo continente. Medidas que van en contra de los más desfavorecidos, que son, al mismo tiempo, los primeros en padecer estas crisis y los que más sufren con ellas.

Usando la demagogia más cruel se elaboran leyes para expulsar a los inmigrantes “ilegales” que la mayoría de ellos, no conviene olvidarlo, están entre nosotros ocupando puestos de trabajos, que por su baja cualificación y remuneración no queremos hacer nosotros, ayudando a la vez al crecimiento y al desarrollo económico de nuestro país. Previo a esa expulsión, quieren retenerlos hasta un plazo máximo de 18 meses, ¿de qué se les acusará para tenerlos detenidos tanto tiempo? ¿Será un delito ir a trabajar a otro país, para buscar una vida mejor? Siendo España un país de emigrantes durante tanto tiempo, tendríamos que tener un poco –en este tema también- de memoria histórica. Habrá que hacer, de paso, alguna aclaración: si son “sinpapeles” y están trabajando en este continente nuestro, no tendrán contrato de trabajo, por lo tanto no se cotiza por ellos, ni tienen ningún tipo de derecho socio-laboral, y un largo y lamentable etcétera. Esa forma de relación laboral se le llama, sin ningún género de duda, explotación.

A los dirigentes de la vieja Europa se les llena la boca cuando hacen mención a los derechos humanos, pero alguien debería recordarles que el 10 de diciembre de 1948 –que ya ha llovido- la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó La Declaración Universal de Derechos Humanos que en su artículo 13 dice textualmente:
1.-.- Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2.- Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Nos guste o no, esta Normativa de Retorno, ataca directamente al contenido de ese artículo de La Declaración Universal de Derechos Humanos.
En este continente, desgraciadamente, retrocedemos en derechos individuales, debido a políticas ultraconservadoras apoyadas en ocasiones por gobernantes que se hacen llamar progresistas. Estos dirigentes que dicen ser de izquierdas, deberían oponerse de forma contundente a estos recortes de los derechos humanos, en vez de dejarse arrastrar por esta oleada de xenofobia y sinrazón.

Abundando en recortes de derechos, no tienen empacho y proponer la ampliación de la jornada laboral a 65 horas semanales, trasladándonos a épocas de semiesclavitud. Cuando lo que se pretende es el reparto del trabajo para trabajar todos, y para poder conciliar la vida laboral con la vida familiar y poder hacer uso del derecho al ocio y al tiempo libre. Es lamentable ver que países como Francia, que optaron por aplicar las 35 horas semanales y que siempre ha sido bandera de los derechos sociales, ahora sus dirigentes apoyen esta normativa tan descabellada.

A estos gobernantes europeos, seguramente les habrá gustado la forma en la que se trabaja en otros lugares del planeta, donde se instalan las empresas que se desaparecen de aquí. De todos es sabido que a pocas horas de vuelo de cualquier ciudad de Europa, hay personas trabajando por 5 euros al día “de sol a sol”, sin prestaciones sociales de ningún tipo, donde no existe ninguna regulación laboral, donde traban los niños desde muy temprana edad, y donde la esclavitud es una práctica común.

Esta normativa laboral, estará basada, claro está, en la tan traída y llevada competitividad, pero habría que mencionar que en España y en Europa, las empresas llevan muchos años arrojando grandes beneficios; excluyendo, como no, alguna excepción que confirma toda regla.

Este ataque directo y frontal a los derechos de los trabajadores contó con el apoyo de los países gobernados por partidos de derechas, (Francia, Italia, Alemania etc.) cosa lógica y normal. Lo que parece impropio de un gobierno como el de nuestro país, que se dice de izquierdas, es que se abstuviera en vez de mostrar un no rotundo.

Con determinaciones de este tipo, que van enfocadas a recortar libertades, derechos y conquistas que muchos considerábamos intocables, lo único que van a conseguir es alejar más al los ciudadanos del sentimiento europeo, ya de por si deteriorado. Se están imponiendo los intereses del capitalismo salvaje a los derechos que tiene todo trabajador y todo ser humano.

DEL PATRIMONIO

Ahora que a todas horas se está hablando de la crisis económica, ya nadie comenta nada de la bajada de impuestos, como es el caso de la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio (ni en prensa, ni en tertulias de radio y/o televisión etc.) No es asunto que ocupe ni preocupe a nuestros medios informativos, ni al Gobierno de la Nación, ni tampoco a la oposición del Partido Popular. A mi me gustaría –ahora que estamos en crisis- qué alguien explicara esa bajada de impuestos tan descarada. Qué alguien explicara cuánto ha dejado de recaudar el Estado y a quién ha dejado de cobrarle esos impuestos.

Pues bien, como los datos son datos y no son discutibles, lo que este Gobierno dejará de recaudar con la supresión de este impuesto es alrededor de mil ochocientos millones de euros, casi nada, (trescientos mil millones de pesetas) que estaban cedidos, íntegramente, a las Comunidades Autónomas. El impuesto a que me refiero, estaban obligados a pagarlo las personas que tenían una base imponible (todos los ingresos menos todas las reducciones y deducciones) superior a 108.000 euros anuales, (casi 18 millones de las antiguas pesetas), ó un patrimonio superior a 600.000 euros (100 millones de pesetas), estando exento de este impuesto, todo patrimonio que formara parte de cualquier explotación empresarial (naves industriales, oficinas, elementos de transporte, etc.) cosa muy acertada, para no grabar la actividad económica. También estaba exenta la vivienda habitual, cuyo valor (catastral y no de mercado) no superara los 150.000 euros (25 millones de pesetas)

Este impuesto lo venían pagando aproximadamente el 5% de los contribuyentes (los más ricos). Queda claro, entonces, que era un impuesto que pagaban las rentas altas y muy altas, los patrimonios de mucho valor y las grandes fortunas; y como era un impuesto progresivo el tipo se adecuaba con arreglo a la base imponible y subía según ésta. Por tanto era un impuesto que no afectaba a la inmensa mayoría de trabajador@s y pensionistas, no afectaba a los “mileuristas” ni muchísimo menos afectaba a las personas más necesitadas de este país.

En el mismo momento que el Partido Socialista Obrero Español anunció esta medida económica, el señor Rajoy se apuntó de inmediato, se puso la mar de contento y señaló que él lo había dicho primero. Nuestra Consejera de Economía, la señora Reverte, dijo que esa medida tenía previsto adoptarla el Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma, dejando entrever que el Gobierno de la Nación copiaba de sus propuestas. Desde luego al Partido Popular le encanta apoyar a Gobierno del P.S.O.E. en este tipo de medidas, cosa normal por otra parte, ya que ésta es una medida de política regresiva, en el plano fiscal, y por tanto de derechas y el Partido Popular no tiene más remedio que aplaudirla

Estamos ante una actuación antisocial en política fiscal, (por tanto de derechas) porque los impuestos deben pagarlos las personas físicas y/o jurídicas con arreglo a su nivel de renta y también con arreglo al valor de su patrimonio o fortuna. Y además, los impuestos, deber ser progresivos, es decir que pague más el que obtenga mayor renta del cualquier tipo, y que pague menos quien tengan menos ingresos, llegando a no pagar nada desde un mínimo de renta hacia abajo. Pues bien con esta medida se hace totalmente lo contrario: se eliminan de un plumazo los impuestos de las rentas y fortunas altas, muy elevadas y escandalosas. Lo mas lógico hubiera sido empezar a reducir tipos a las bases imponibles mas bajas, y en todo caso haber subido esa base imponible mínima, para beneficiar realmente a las clases medias.

Además, este impuesto era eficaz en la lucha contra el fraude fiscal, ya que controlaba las propiedades, y éstas había que declararlas. A partir de ahora una persona puede tener 20 inmuebles, repartidos por la geografía española, por un valor de mercado de 4 millones de euros (casi 700 millones de pesetas) y al no estar obligado a presentar declaración de su patrimonio, si estos inmuebles los tiene alquilados “bajo cuerda” o en economía sumergida, se puede dar el caso que no presente ni declaración de la renta. Por tanto si tuviera obligación de presentar la declaración del patrimonio, podría descubrirse, a partir de ésta, el fraude fiscal, si lo hubiere. El argumento esgrimido por el Gobierno Socialista de que las grandes fortunas se amparan detrás de sociedades patrimoniales para evitar y “esconder” el pago de este impuesto: es una enorme incongruencia, porque no solamente se reconoce que existe el fraude fiscal, sino que se elude y se renuncia a luchar contra él.

Ahora que estoy escribiendo, salta a todos los medios de comunicación que el Estado arroja déficit fiscal, después de cuatro años de superávit. Es lógico, si se bajan impuestos y por lo tanto se recauda menos, es normal que las cuentas públicas arrojen saldo negativo. Impuestos que los pagaban los contribuyentes con mas poder económico, el decir, los que no tienen problemas para poder pagarlos.

Hablando de patrimonio, la vivienda habitual de todos y cada un@ de nosotr@s: la vivienda de l@s pensionistas, la vivienda de l@s parad@s, la vivienda de l@s “mileuristas”, la vivienda de l@s jóvenes; esa vivienda que es el único patrimonio que tenemos l@s trabajador@s, y que además, la gran mayoría, lo tiene hipotecado hasta las cejas (mejor dicho hasta las tejas). A esa vivienda habitual sí se le ha subido (y mucho) el Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, el famoso I.B.I., por poner un ejemplo muy concreto, en el municipio de Caravaca ha subido un 70 por ciento en los últimos 6 años. Que curiosidad, por una parte reducimos ingresos a las Comunidades Autónomas, que a su vez financian bastante presupuesto municipal, -vía transferencias- y al mismo tiempo “compensamos” con la subida del I.B.I., que también es gran parte del sustento presupuestario de los Ayuntamientos. Claro está: la diferencia es de donde proceden esos ingresos a través de impuestos.

Concretando: se elimina un impuesto que se aplicaba a los patrimonios elevados y de gran valor, y por otra parte se aumenta, enormemente, un impuesto que grava el pequeño patrimonio: la vivienda habitual. Estas dos medidas políticas son de derechas, antisociales, inmorales, regresivas y algún otro calificativo que no me atrevo a escribir. Y para nada se adoptaron pensando en las personas con más necesidades y con menos ingresos, sino todo lo contrario. Ni estas medidas, ni otras, que comentaré en otra ocasión.

Juan Berbell Marín, Coordinador Local de Izquierda Unida-Caravaca.

http://juan-berbell-izquierda-unida-caravaca.nireblog.com.

NUESTRA ESCUELA.

Los que no estamos a favor de muchas cosas de las que dice la L.O.E. (Ley Orgánica de Educación, publicada en el B.O.E. de 4 de mayo de 2006), aprobada por el Gobierno del Partido Socialista; sobre todo por mezclar la escuela pública con la escuela privada, por no separar, nítida y claramente y de una vez por todas , la enseñanza pública, de la enseñanza de religión, que nada tienen que ver, ya que la educación es universal, gratuita y obligatoria y la religión es cuestión de fe y algo muy íntimo y personal, que cada cual tiene la suya y hay mucha gente no tiene ninguna. La educación debe ser igual para todos, con las mismas materias y contenidos, y religiones hay muchísimas y considero que la escuela no puede ni debe impartir ninguna, entre otras cosas, porque éste es un Estado aconfesional e impartir una determinada religión -por mayoritaria que sea- supone un agravio para el resto de creencias, que también defenderían su derecho a estar presentes y ser impartidas, cosa que sería inviable, dado que se podría dar el caso de que un centro tuviera más maestros de religión, dado a la gran cantidad de religiones que existen, que maestros del resto de asignaturas. Por lo tanto impártase enseñanza laica en los centros educativos y déjense las cuestiones de fe para que sean profesadas en los lugares habituales para ello. Las escuelas públicas forman parte del patrimonio del Estado, y éste es aconfesional.

Por otra parte la L.O.E. debería ceñirse a la educación pública, que es a lo que está obligado el Estado a través de sus distintas Administraciones y dejar el negocio de la escuela privada a la iniciativa privada, y que estas empresas privadas se establezcan y salgan al mercado a buscar clientes y a buscar negocio, como hace el resto de empresas de los distintos y diversos sectores de la economía española y mundial.

Dice la L.O.E. en su artículo 108 punto 1: los centros docentes se clasifican en públicos y privados. Si ésta es una Ley que hace el Estado, será para regular normativas y funcionamientos de los centros titularidad estatal y la educación que se imparte en ellos. ¿Desde cuando el estado interviene en empresas privadas? Ahora eso no está de moda, ¿Cómo que en la educación si se quiere mezclar lo publico con lo privado? Aquí, la tan traída y llevada competitividad, pierde su esencia, ya que estas empresas tienen su negocio asegurado con los conciertos educativos con las Administraciones educativas. Y si además, los terrenos donde van a construir sus empresas, se los regalamos, el negocio es redondo.

También la L.O.E. dice en su artículo 108 punto 6: Que los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos, tienen derecho a escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por poderes públicos, seguramente se refiere a que tenemos derecho a escoger entre un centro público y uno privado concertado. Pues bien eso es imposible, para que ese derecho fuera real y efectivo, para que ese derecho se pudiera ejercer de verdad, el estado debería crear una plaza en escuela pública y otra plaza de escuela privada concertada, para cada alumn@, si no es así, si la realidad nos dice que los centros privados concertados suponen –por ejemplo en Caravaca- menos del 10% del alumnado, ¿de que derecho estamos hablando?, más bien estaremos creando una escuela privada para una élite determinada, donde no todos podemos llevar a nuestros hij@s, donde sólo una pequeña minoría podra acceder a esos centros. Estaremos creando, entonces, una escuela para unos pocos en detrimento de la mayoría. Y ese derecho de elegir centro a veces tampoco es real, ni dentro de la propia escuela pública; todos conocemos algún caso en el cual una madre o un padre a querido llevar a su hij@ aun determinado centro y se ha quedado fuera por no haber plazas suficientes en el mismo; por los baremos establecidos a tal efecto, hay quien si accede a es centro y quien no; entonces las autoridades educativas lo ha derivado a otro, también público, lo mas cercano posible, por lo tanto el mencionado derecho de elección se convierte, a veces, en algo poco creíble.

Por lo tanto, yo sí creo y defiendo el derecho de elegir la educación y de elegir centro (privado o público) para nuestros hij@s. Si estuviera garantizada por parte del Estado la educación pública para todos, sin distinción de ningún tipo ni segregación alguna, una educación pública, universal y gratuita; la madre o el padre que quiera llevar a su hij@ a un centro privado, está, absolutamente, en todo su derecho, sin ningún tipo de privación, condición, cortapisa, etc. Ahora bien, como el Estado ya ha garantizado ese derecho y le a proporcionado todos los servicios necesarios para que ese derecho a la educación sea una realidad; quien, a partir de ahí, quiera y desee llevar a su hijo a un centro privado, sencillamente que lo pague. El derecho a la educación lo debería garantizar el Estado a través de sus centros públicos, pero el antojo y/o el capricho de llevar a los hij@s a un centro privado deberían pagárselo cada uno de su bolsillo y no de las arcas públicas.

Por estos motivos y algunos más, yo no estoy de acuerdo con muchos aspectos de la
L.O.E., y creo que Izquierda Unida debió haberla votado en contra, en vez de abstenernos, cuando se debatió en el Congreso de los Diputados en el año 2006. Pero lo que no entiendo es que quien la votó en contra, (Partido Popular) ahora se esconda y se escude tras ella y justifique sus fechorías políticas, en materia educativa, amparándose y defendiendo lo que contempla la mencionada Ley; esto parece ser el mundo del revés. Todos deberíamos ser más consecuentes y votar las leyes según nuestras ideologías. Y viendo la defensa que algunos miembros del Partido Popular hacen de esta ley, deberían haberla votado a favor. Claro está que la L.O.E. fue aprobada por el Parlamento y todos estamos obligados a acatarla, otra cosa es que estemos, o no, de acuerdo su contenido. Y por cierto, la L.O.E. no dice explícitamente, en ninguno de sus artículos, que se tengan que regalar terrenos para la construcción de escuelas privadas, para que éstas después concierten con las administraciones.

Por otra parte, y ciñéndome a nuestra Ciudad, lo que nuestros gobernantes municipales pretenden –amparándose, según ellos, en la L.O.E.- es regalar 13.000 metros cuadrados a una empresa privada, para la construcción de una escuela privada. Y me va a permitir el lector que emplee la palabra regalo, ya que si esos 13.000 metros cuadrados durante 65 años y por un precio de 250 euros/metro cuadrado/mes, no es un regalo, que alguien nos lo explique y nos diga de que se trata. Podrán llamarle cesión de uso, derecho de superficie, uso temporal, etc., pero al fin y al cabo, de lo que hablamos es de la entrega y regalo de un terreno público, un terreno de propiedad municipal y a la postre de tod@s y cada un@ de l@s caravaqueñ@s, a una empresa privada para su negocio privado, terrenos que, después de construida la escuela, pueden ser arrendados o subarrendados a terceras personas junto con el inmueble allí instalado. Desde luego si todas las empresas que quieran iniciar su actividad económica en nuestro municipio le diéramos, desde el Ayuntamiento, el mismo trato de favor, la actual crisis económica pasaría desapercibida por nuestro entorno. Además de todas estas ventajas, a la empresa que se le adjudiquen estos terrenos, puede arrendarlos a terceros, puede hipotecar los terrenos y las obras que allí se construyan. Y esa verdad a medias –no olvidemos que las medias verdades son peores que las mentiras- que en 65 años revertirá el solar y las obras al Ayuntamiento, no está nada claro, según el Pliego de Condiciones, al final del punto número 3 dice textualmente:
La extinción del derecho de superficie por el transcurso del término provocará igualmente la extinción de toda clase de derechos reales o personales impuestos por el superficiario, pudiendo prorrogar el tiempo hasta el máximo permitido por Ley en las condiciones económicas que, conforme a Derecho, se pacten entre las partes, es decir, esos 65 años pueden ser ampliables, el Pliego de Condiciones deja esa puerta abierta.

Por lo tanto si es necesario construir una escuela en nuestra localidad, cédanse esos terrenos a la Consejería de Educación para la construcción de una escuela pública para tod@s. Y si alguien quiere crear una empresa privada para impartir enseñanza, que lo haga a su riesgo y ventura como el resto de empresarios de otros sectores; y el usuario que quiera que esa empresa le preste esos servicios que pague por ellos, como muy bien manda la ley de la oferta y la demanda. Y tod@s l@s que proclaman a los cuatro vientos las virtudes de la tan manida y venerada economía de mercado, ante esta situación aplíquense sus recetas: Libre mercado y libre empresa sí, pero el suelo público para las infraestructuras públicas y para los servicios públicos, en este caso SUELO PÚBLICO PARA LA ESCUELA PÚBLICA. .

Juan Berbell Marín, Coordinador Local de Izquierda Unida-Caravaca

APARQUEN EL APARCAMIENTO.

Cuando en una ciudad se quiere mejorar, se quiere facilitar y se pretende proporcionar un adecuado acceso de sus habitantes y de los visitantes, para llegar a todos los lugares y rincones de ésta, dotándola de una comunicación adecuada, para facilitar la movilidad de las personas, no se trata de intentar meter todos los vehículos al centro de la ciudad buscando aparcamiento, ya que ese tráfico rodado de los vehículos que entran al centro de la ciudad en busca de un aparcamiento, generan gran cantidad de inconvenientes como son los atascos, la dificultad de las personas para moverse por las calles que son ocupadas por estos vehículos, la contaminación, el consumo de energía, el ruido, la dificultad, que en algunas ocasiones, supone guiar ese tráfico por parte de los Agentes de la Policía Municipal, etc.

La Estrategia de Medio Ambiente Urbano del Ministerio de Transportes, elaborada en el año 2006 y basada en la Estrategia europea de Medio ambiente Urbano, en algunos de los objetivos que enumera para una movilidad sostenible dice textualmente:

Incrementar las oportunidades de los medios de transporte alternativos11, potenciando
Las condiciones que permitan a los ciudadanos y ciudadanas poder caminar, pedalear o
Utilizar el transporte colectivo en condiciones adecuadas de comodidad y seguridad.
Reducir los impactos de los desplazamientos motorizados, reduciendo sus consumos
Y emisiones locales y globales, conviviendo con los demás usuarios de las calles en
Condiciones de seguridad aceptables.
Evitar la expansión de los espacios dependientes del automóvil, frenando la expansión
Del urbanismo dependiente de éste.
Reconstruir la proximidad como valor urbano, recreando las condiciones para realizar
La vida cotidiana sin desplazamientos de larga distancia.
Recuperar el espacio público como lugar donde poder convivir. De lugar de paso y espacio
Del transporte, las calles han de pasar a ser también lugar de encuentro y espacio de
Convivencia multiforme.
11 Se consideran medios de transportes alternativos o sostenibles aquellos que en comparación con el automóvil suponen
Un menor impacto ambiental, una reducción de los conflictos sociales y un menor consumo de recursos. Se
Incluyen en dicha categoría, por tanto, la marcha a pie, la bicicleta y los medios de transporte colectivo que sean
Utilizados con un nivel suficiente de ocupación.

Por lo tanto, se trata de lo contrario, es decir, lo que se debería de pretender y lo que se debería de conseguir, es sacar ese tráfico rodado del centro de la ciudad, es devolver las calles a las personas para que la vida en la ciudad sea mas humana, dar prioridad al peatón frente al vehículo. A las ciudades hay que dotarlas de mejor movilidad para las personas, peatonalizando calles – las que se considere que se deba peatonalizar-, restringiendo el tráfico sólo para residentes en otras, construyendo carriles bici que comuniquen, no solamente la ciudad, sino todo el municipio, y sobre todo, y posiblemente lo más eficaz, dotar a la ciudad con un transporte público eficaz, que no genera atascos, que es para todos, que contamina menos, y que da la posibilidad que todas las personas se puedan desplazar y comunicarse en el municipio, con independencia de que tengan un vehículo propio o no. Todo esto no es una quimera, todo esto está funcionando en muchas ciudades de España y de Europa, en muchas de estas ciudades hay zonas peatonales, en otras hay carril bici, en otras muchas hay transporte publico, y se ha demostrado su eficacia para la mejora de la vida de las personas, que es lo que todo gobernante debe anhelar, sobre todo los gobernantes municipales.

Queda claro, entonces, que construir un aparcamiento subterráneo en el centro de la ciudad es una idea descabellada, que en vez de solucionar los problemas de tráfico y movilidad, lo que hará será acentuarlos cada vez más. Por eso construyamos esos aparcamientos en lugares donde no se genere ese problema de trafico y de movilidad, donde la entrada y la salida del aparcamiento sea fluida y con acceso a vías amplias, y esos aparcamientos cuando mas alejados estén del centro de la ciudad, mejor para todos, y para desplazarse de esos aparcamientos al los distintos lugares de la cuidad, he dado varias soluciones anteriormente, una de ellas es transporte público.

Pero si encima se quiere construir un aparcamiento en un jardín consolidado, con mas de dos décadas de existencia, el único jardín que esta ciudad tiene, actualmente, digno de disfrutar, y por tanto uno de los pocos espacios verdes consolidados del casco urbano, sabiendo que se van a perder estos árboles, que van a morir, porque se ha demostrado la imposibilidad de su replante por varias razones; esto ya es una atrocidad enorme, esto es –como se dice en el lenguaje popular- “pensar con los pies”. Tenemos, como ya he dicho, pocos espacios verdes en el municipio –y no me vengan con cuentos de que vivimos en una zona rodeada de bancales, cerca de la montaña o de la sierra- debemos conservarlos y luchar por la mejora de estos espacios, debemos ampliarlos, tenemos que desarrollar mas zonas verdes en todo el municipio, más parques y mas jardines –también en pedanías-.

Si aparte de todo esto, la ciudadanía se manifiesta en contra de esta obra por los daños demostrados que pueden sufrir las viviendas de la zona, y digo demostrados ya que en otras ciudades se han producido daños en viviendas cercanas a esos aparcamientos. Cuando tenemos miles de firmas en contra del aparcamiento, cuando tenemos apoyos a la Plataforma contra ese aparcamiento por parte de muy distintos colectivos y asociaciones de toda índole, y cuando esos apoyos vienen desde dentro y desde fuera del municipio. Rectificar es de sabios, y en este caso los gobernantes deben de estar a lado de la ciudadanía y olvidarse de intereses particulares y/o partidistas. Señores del Gobierno Municipal, escuchen al pueblo, paralicen los trámites de este aparcamiento subterráneo. Desistan.

Artículo enviado al Periódico El Noroeste.