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NUESTRA ESCUELA.

Los que no estamos a favor de muchas cosas de las que dice la L.O.E. (Ley Orgánica de Educación, publicada en el B.O.E. de 4 de mayo de 2006), aprobada por el Gobierno del Partido Socialista; sobre todo por mezclar la escuela pública con la escuela privada, por no separar, nítida y claramente y de una vez por todas , la enseñanza pública, de la enseñanza de religión, que nada tienen que ver, ya que la educación es universal, gratuita y obligatoria y la religión es cuestión de fe y algo muy íntimo y personal, que cada cual tiene la suya y hay mucha gente no tiene ninguna. La educación debe ser igual para todos, con las mismas materias y contenidos, y religiones hay muchísimas y considero que la escuela no puede ni debe impartir ninguna, entre otras cosas, porque éste es un Estado aconfesional e impartir una determinada religión -por mayoritaria que sea- supone un agravio para el resto de creencias, que también defenderían su derecho a estar presentes y ser impartidas, cosa que sería inviable, dado que se podría dar el caso de que un centro tuviera más maestros de religión, dado a la gran cantidad de religiones que existen, que maestros del resto de asignaturas. Por lo tanto impártase enseñanza laica en los centros educativos y déjense las cuestiones de fe para que sean profesadas en los lugares habituales para ello. Las escuelas públicas forman parte del patrimonio del Estado, y éste es aconfesional.

Por otra parte la L.O.E. debería ceñirse a la educación pública, que es a lo que está obligado el Estado a través de sus distintas Administraciones y dejar el negocio de la escuela privada a la iniciativa privada, y que estas empresas privadas se establezcan y salgan al mercado a buscar clientes y a buscar negocio, como hace el resto de empresas de los distintos y diversos sectores de la economía española y mundial.

Dice la L.O.E. en su artículo 108 punto 1: los centros docentes se clasifican en públicos y privados. Si ésta es una Ley que hace el Estado, será para regular normativas y funcionamientos de los centros titularidad estatal y la educación que se imparte en ellos. ¿Desde cuando el estado interviene en empresas privadas? Ahora eso no está de moda, ¿Cómo que en la educación si se quiere mezclar lo publico con lo privado? Aquí, la tan traída y llevada competitividad, pierde su esencia, ya que estas empresas tienen su negocio asegurado con los conciertos educativos con las Administraciones educativas. Y si además, los terrenos donde van a construir sus empresas, se los regalamos, el negocio es redondo.

También la L.O.E. dice en su artículo 108 punto 6: Que los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos, tienen derecho a escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por poderes públicos, seguramente se refiere a que tenemos derecho a escoger entre un centro público y uno privado concertado. Pues bien eso es imposible, para que ese derecho fuera real y efectivo, para que ese derecho se pudiera ejercer de verdad, el estado debería crear una plaza en escuela pública y otra plaza de escuela privada concertada, para cada alumn@, si no es así, si la realidad nos dice que los centros privados concertados suponen –por ejemplo en Caravaca- menos del 10% del alumnado, ¿de que derecho estamos hablando?, más bien estaremos creando una escuela privada para una élite determinada, donde no todos podemos llevar a nuestros hij@s, donde sólo una pequeña minoría podra acceder a esos centros. Estaremos creando, entonces, una escuela para unos pocos en detrimento de la mayoría. Y ese derecho de elegir centro a veces tampoco es real, ni dentro de la propia escuela pública; todos conocemos algún caso en el cual una madre o un padre a querido llevar a su hij@ aun determinado centro y se ha quedado fuera por no haber plazas suficientes en el mismo; por los baremos establecidos a tal efecto, hay quien si accede a es centro y quien no; entonces las autoridades educativas lo ha derivado a otro, también público, lo mas cercano posible, por lo tanto el mencionado derecho de elección se convierte, a veces, en algo poco creíble.

Por lo tanto, yo sí creo y defiendo el derecho de elegir la educación y de elegir centro (privado o público) para nuestros hij@s. Si estuviera garantizada por parte del Estado la educación pública para todos, sin distinción de ningún tipo ni segregación alguna, una educación pública, universal y gratuita; la madre o el padre que quiera llevar a su hij@ a un centro privado, está, absolutamente, en todo su derecho, sin ningún tipo de privación, condición, cortapisa, etc. Ahora bien, como el Estado ya ha garantizado ese derecho y le a proporcionado todos los servicios necesarios para que ese derecho a la educación sea una realidad; quien, a partir de ahí, quiera y desee llevar a su hijo a un centro privado, sencillamente que lo pague. El derecho a la educación lo debería garantizar el Estado a través de sus centros públicos, pero el antojo y/o el capricho de llevar a los hij@s a un centro privado deberían pagárselo cada uno de su bolsillo y no de las arcas públicas.

Por estos motivos y algunos más, yo no estoy de acuerdo con muchos aspectos de la
L.O.E., y creo que Izquierda Unida debió haberla votado en contra, en vez de abstenernos, cuando se debatió en el Congreso de los Diputados en el año 2006. Pero lo que no entiendo es que quien la votó en contra, (Partido Popular) ahora se esconda y se escude tras ella y justifique sus fechorías políticas, en materia educativa, amparándose y defendiendo lo que contempla la mencionada Ley; esto parece ser el mundo del revés. Todos deberíamos ser más consecuentes y votar las leyes según nuestras ideologías. Y viendo la defensa que algunos miembros del Partido Popular hacen de esta ley, deberían haberla votado a favor. Claro está que la L.O.E. fue aprobada por el Parlamento y todos estamos obligados a acatarla, otra cosa es que estemos, o no, de acuerdo su contenido. Y por cierto, la L.O.E. no dice explícitamente, en ninguno de sus artículos, que se tengan que regalar terrenos para la construcción de escuelas privadas, para que éstas después concierten con las administraciones.

Por otra parte, y ciñéndome a nuestra Ciudad, lo que nuestros gobernantes municipales pretenden –amparándose, según ellos, en la L.O.E.- es regalar 13.000 metros cuadrados a una empresa privada, para la construcción de una escuela privada. Y me va a permitir el lector que emplee la palabra regalo, ya que si esos 13.000 metros cuadrados durante 65 años y por un precio de 250 euros/metro cuadrado/mes, no es un regalo, que alguien nos lo explique y nos diga de que se trata. Podrán llamarle cesión de uso, derecho de superficie, uso temporal, etc., pero al fin y al cabo, de lo que hablamos es de la entrega y regalo de un terreno público, un terreno de propiedad municipal y a la postre de tod@s y cada un@ de l@s caravaqueñ@s, a una empresa privada para su negocio privado, terrenos que, después de construida la escuela, pueden ser arrendados o subarrendados a terceras personas junto con el inmueble allí instalado. Desde luego si todas las empresas que quieran iniciar su actividad económica en nuestro municipio le diéramos, desde el Ayuntamiento, el mismo trato de favor, la actual crisis económica pasaría desapercibida por nuestro entorno. Además de todas estas ventajas, a la empresa que se le adjudiquen estos terrenos, puede arrendarlos a terceros, puede hipotecar los terrenos y las obras que allí se construyan. Y esa verdad a medias –no olvidemos que las medias verdades son peores que las mentiras- que en 65 años revertirá el solar y las obras al Ayuntamiento, no está nada claro, según el Pliego de Condiciones, al final del punto número 3 dice textualmente:
La extinción del derecho de superficie por el transcurso del término provocará igualmente la extinción de toda clase de derechos reales o personales impuestos por el superficiario, pudiendo prorrogar el tiempo hasta el máximo permitido por Ley en las condiciones económicas que, conforme a Derecho, se pacten entre las partes, es decir, esos 65 años pueden ser ampliables, el Pliego de Condiciones deja esa puerta abierta.

Por lo tanto si es necesario construir una escuela en nuestra localidad, cédanse esos terrenos a la Consejería de Educación para la construcción de una escuela pública para tod@s. Y si alguien quiere crear una empresa privada para impartir enseñanza, que lo haga a su riesgo y ventura como el resto de empresarios de otros sectores; y el usuario que quiera que esa empresa le preste esos servicios que pague por ellos, como muy bien manda la ley de la oferta y la demanda. Y tod@s l@s que proclaman a los cuatro vientos las virtudes de la tan manida y venerada economía de mercado, ante esta situación aplíquense sus recetas: Libre mercado y libre empresa sí, pero el suelo público para las infraestructuras públicas y para los servicios públicos, en este caso SUELO PÚBLICO PARA LA ESCUELA PÚBLICA. .

Juan Berbell Marín, Coordinador Local de Izquierda Unida-Caravaca

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