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CARTA ABIERTA AL OBISPO DE LA DIÓCESIS DE CARTAGENA JUAN ANTONIO REIG PLA

Muy señor mío.

El pasado 14 de septiembre asistí, previa invitación, a la ceremonia religiosa que se celebró en el Castillo de nuestra localidad. Acto que usted presidió, como máximo dirigente de lar jerarquía católica, en ese momento y ese lugar.

En su discurso central , lo que se conoce como sermón, hizo referencias y criticó algunas decisiones políticas, que por lo visto a usted y a la institución que representa no le parecen correctas, y me parece muy loable que se critique cualquier actuación de nuestros gobernantes cuando se discrepe de su contenido, como no puede ser de otra forma en un país libre y democrático como es España; recordará usted mejor que yo, por su edad, cuando no se podían criticar las actuaciones políticas ni de otra índole en nuestro país. Por lo tanto, reconocido su derecho de crítica, yo voy a ejercer el mío.

Hizo usted mención al matrimonio (que es un derecho de tod@s) y al divorcio (que también es un derecho de tod@s). El matrimonio con amor no es disfrute absoluto de la fe católica, sino también de practicantes de otras confesiones, y como no, para los que no se adhieren a ninguna religión: laicos, agnósticos, etc. El divorcio es un derecho del que nadie debe de excluir a nadie. Considero, que desde la organización religiosa que usted representa, deberían respetar la decisión de sus adeptos cuando éstos opten por divorciarse. También quisiera remarcar que todo el mundo tiene derecho al amor, y por lo tanto a enamorarse, también los divorciados pueden volver amar y a casarse de nuevo si lo prefieren, nadie es quien para privarles de ese derecho. Resumiendo, todas las personas tienen la libertad de ejercer esos derechos que he mencionando, independientemente de sus ideas, creencias, afinidades, tendencias sexuales, etc. Todos sin exclusión de género (masculino o femenino) y cada persona con quien quiera dentro de la libertad personal que se le reconoce a cada individuo. Por otra parte muchas personas viven en familia, sin que sea el tipo de familia que ustedes pretenden. Somos muchos los que defendemos y protegemos todo tipo de familia, como forma de convivencia, sin ser seguidores de su fe ni de ninguna otra.

Convendrá conmigo que debe ser trágico para una mujer debatirse en la tesitura de dar a luz un hijo no deseado o interrumpir su embarazo, por eso lo más adecuado sería prevenir ese embarazo no querido con medidas preventivas y anticonceptivas, avanzando en una política transversal de formación e información en el correcto uso de esos medios para evitar y prevenir al máximo esos embarazos. Por otro lado hay supuestos en los que no cabe prevención alguna, como es el caso de una violación. Ante situaciones tan terribles para la mujer, lo que ésta necesita es apoyo de todo su entorno, pero también ayuda desde las instituciones. Respetar su decisión y darle todo amparo posible, cuando opte por una cosa o la otra. Pero nunca jamás hacer una ley que la meta en la cárcel después de tener que tomar una decisión –porque es ella quien tiene que decidir- tan indeseable.

No discreparemos en que las leyes educativas, como todas las demás leyes, son elaboradas por los gobernantes, que han sido elegidos por los ciudadanos, y se aprueban con las mayorías parlamentarias suficientes, para que salgan adelante, como no puede ser de otro modo en una sociedad libre y democrática como la nuestra. Y todos los ciudadanos estamos obligados a su cumplimiento, independientemente de que esas leyes sean, o no, de nuestro agrado. Pero la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos humanos lo único que trata es de educar a nuestros hijos en valores humanos, valores de ciudadanía, valores democráticos, de solidaridad y de justicia, por tanto nadie que realmente defienda esos valores, debería oponerse a su enseñanza en los centros educativos. Por otra parte hacer llamamientos a la ciudadanía para incumplir ciertas leyes, pueden ser actos calificados de desobediencia civil, actos impropios de una institución como a la que usted representa, que estuvo tanto tiempo ligada al poder político.

Por otra parte el derecho a una muerte digna debería ser reconocido por todos, deberíamos dotar a las personas de esa libertad para quien no quiera tener una muerte lenta, agónica y horrible. Nadie debe erigirse en juez de una persona que hace uso de esa voluntad sobre su propia vida.

Considere esta carta abierta como una contestación a la homilía que pronunció en el lugar antes indicado el día 14 de septiembre. Como aquél era su foro, y no el mío, lógicamente no correspondía mi replica allí; y como sus palabras fueron públicas, mis objeciones también las hago públicas en esta misiva.

Saludos cordiales.

Juan Berbell Marín, Coordinador local de Izquierda Unida de Caravaca.

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